"En este momento, el ayuntamiento no puede, ni tiene capacidad, [...] para estar cancelando todas estas licencias", afirmó Carlos Moedas (PSD), en la reunión pública del ejecutivo municipal.
Como parte del programa nacional Mais Habitação, aprobado por el Gobierno (PS), la nueva legislación, que entró en vigor en septiembre, daba dos meses a los titulares del registro AL para demostrar que mantenían su actividad.
Según datos oficiales, Lisboa cuenta con 19.917 registros de AL, de los que 11.447 acreditan el mantenimiento de la actividad, lo que significa que más de 8.200 tendrán que darse de baja al haber vencido el plazo para hacerlo.
Para el Alcalde de Lisboa, el resultado de la obligación de que los propietarios de AL aporten la prueba del mantenimiento de la actividad "muestra cómo en Portugal, los Gobiernos adoptan a menudo medidas de política pública, sin estudiar los datos".
"Básicamente, teníamos un paquete de Más Vivienda que definía reglas según datos que, después de todo, no son ciertos. Lisboa, supuestamente, tenía 20.000 unidades de alojamiento local en funcionamiento y ahora sabemos que sólo hay la mitad, por lo que la política pública debería haberse hecho en base a la realidad y no fue así", criticó el alcalde.
Carlos Moedas consideró que la puesta en marcha de medidas sin datos que las sustenten "demuestra falta de detalle y análisis", lo que se traduce en políticas públicas "mal diseñadas".
La concejala de Urbanismo, Joana Al meida (independiente elegida por la coalición "Novos Tempos" PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança), destacó "el caos provocado por la decisión del Gobierno" de fijar un plazo para la presentación de justificantes de quienes tienen alojamiento local activo.
Joana Almeida confirmó que "11 mil propietarios" en AL presentaron pruebas de actividad continuada, documentos que "el Ayuntamiento de Lisboa, con su equipo de tres recursos humanos en toda esta área de alojamiento local, tendrá que validar".
"En la prisa por resolver este asunto, el Gobierno decidió que aquellos propietarios de AL que llevan hasta 120 días en servicio no necesitaban aportar, presentar, esta prueba, es decir, que en este momento tenemos 9.000 propietarios de AL que no sabemos si son licencias ficticias o fantasmas", explicó.
Joana Almeida reforzó que "era un caos cuando podría haber sido una oportunidad" para aclarar cuántos AL ya han pasado a uso de vivienda, señalando que el consejo fue "sin la posibilidad de conocer la realidad que realmente sucede en el territorio, porque muchas de estas licencias para AL ya están en régimen de arrendamiento".