La ley obliga a los gigantes tecnológicos a impedir que los menores se conecten o se enfrentarán a multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos, y en enero se iniciará un ensayo de los métodos para hacerla cumplir; la prohibición entrará en vigor dentro de un año.

El proyecto de ley, el primero de este tipo en el mundo, recibió apoyo bipartidista y pretende abordar las preocupaciones en torno a los efectos de las redes sociales en la salud mental y el desarrollo de los menores.