El SEF llevó a cabo dos órdenes de registro e incautación, una en un domicilio y otra en un establecimiento comercial, que le permitieron incautar "unos cinco mil euros en efectivo, tres teléfonos móviles, tres ordenadores portátiles y diversa documentación con el fin de corroborar los indicios delictivos" recabados a lo largo de la investigación, indicó la misma fuente.
Con estas gestiones, el SEF ha dado un paso más en una investigación que "comenzó en 2020" y en la que está en juego el delito de ayuda a la inmigración ilegal, en el que está implicada una empresa de trabajo temporal, contextualizó la misma fuente en un comunicado.
El SEF indicó que el "principal sospechoso" es el propietario de una empresa de trabajo temporal y ambos se constituyeron como imputados por un presunto delito de ayuda a la inmigración ilegal.
Durante el periodo que abarca la investigación, los imputados "han sido responsables, a cambio de grandes sumas de dinero, de la inmigración de más de 300 ciudadanos extranjeros" y la "gran mayoría ni siquiera se encuentran en territorio nacional", dijo el SEF.
La misma fuente también señaló que la investigación se centrará ahora en el "amplio patrimonio inmobiliario adquirido por el imputado en el último año".