En una solicitud firmada por el diputado Pedro Filipe Soares, BE se dirigió a la viceministra de Asuntos Parlamentarios, Ana Catarina Mendes, cuestionando las razones que llevaron a AIMA a retrasar "la conclusión de protocolos con instituciones y organizaciones asociadas, así como los respectivos pagos".

"AIMA no ha firmado o no está firmando los protocolos correspondientes con diversas organizaciones, haciendo inviables las transferencias de fondos para la continuación de sus misiones", siendo una de las instituciones afectadas el CPR.

Debido a la no renovación del protocolo de cooperación, "el CPR no pudo pagar los salarios de sus trabajadores en diciembre, habiendo sólo podido "adelantar" unos 160 euros a cada uno", señala el BE, que expresa su preocupación.

"Los informes muestran que, debido a los retrasos de la AIMA, los solicitantes de asilo también se ven privados del apoyo al que tienen derecho, dejándoles más vulnerables y desprotegidos", escribe el BE.

El diputado considera que, de confirmarse, "estos hechos son graves y no dignifican en absoluto la misión atribuida a AIMA, y constituyen una enorme irresponsabilidad por parte de este Gobierno", sobre todo porque "el CPR es una institución fundamental en la acogida de refugiados y solicitantes de asilo, por lo que resulta incomprensible por qué el Ministerio ha permitido que la situación llegue a este punto".