Según un comunicado difundido por el Consejo Superior, el 9 de julio se decidió un refuerzo de medios ante la necesidad de "adoptar medidas urgentes para reforzar la capacidad de respuesta del juzgado, durante el periodo de vacaciones judiciales, y garantizar, durante este periodo, la efectividad de la tutela judicial de los derechos fundamentales de los ciudadanos que recurren a él".

Tras consultar a los jueces de todos los tribunales administrativos y fiscales, éstos, "de forma abrumadora", expresaron su disposición a trabajar durante las vacaciones judiciales, indicó el Consejo Superior de los Tribunales Administrativos y Fiscales(CSTAF).

Así, este órgano determinó "que para la prestación del servicio urgente que debe realizarse durante las vacaciones judiciales en relación con los procesos de tipo 6º del Tribunal Administrativo Circular (TAC) de Lisboa, relativos a las solicitudes de permiso de residencia, en fase de decisión, en el período comprendido entre el 16 de julio y el 31 de agosto de 2024, se incluyen los jueces de derecho y los jueces de derecho, en prácticas, que manifestaron esta disponibilidad, para un total de 136 jueces".

El consejo se refiere al "volumen anormal de servicio" en el TAC de Lisboa debido a estos procesos específicos, que "se ha reflejado en una importante acumulación de asuntos" y que es previsible que las medidas de gestión ya adoptadas en este tribunal "no sean suficientes para garantizar el normal funcionamiento del turno de verano", justificando así el refuerzo del número de jueces de turno durante las vacaciones judiciales.

De acuerdo con la misma deliberación, los asuntos se distribuirán aleatoriamente entre los jueces seleccionados.

El CSTAF expresa también "una palabra de elogio y agradecimiento a los jueces que se pusieron a disposición, voluntariamente y con un alto sentido de la responsabilidad, para garantizar la eficacia de esta jurisdicción en la defensa de los derechos fundamentales".

Según una resolución del Consejo de Ministros, el Gobierno ha creado una estructura de misión para resolver los 400.000 procesos de legalización de inmigrantes pendientes en la Agencia de Integración, Migración y Asilo (AIMA), con la previsión de poder contratar a 300 trabajadores para tal fin.

La resolución autoriza la contratación de un máximo de 100 especialistas, 150 asistentes técnicos y 50 asistentes operativos para los dos equipos de la misión.