La orden ejecutiva, firmada por la secretaria de Estado de Sanidad, Ana Povo, indica que, además de la compra de vacunas, "se prevé un impacto presupuestario de hasta 7.600.000 euros, correspondiente a la remuneración que, en total, se pagará a las farmacias", destacando el objetivo de "garantizar altos estándares de eficiencia y eficacia" con este proceso.

"Partiendo de la evidencia de que los virus respiratorios circulan con mayor frecuencia durante los meses de invierno, se pretende adelantar el inicio de la campaña de vacunación estacional otoño-invierno 2024-2025 y garantizar que el mayor número de personas con derecho a ella estén protegidas a finales de noviembre, proporcionando una mayor protección en el periodo de mayor riesgo", señala el decreto.

El decreto del Gobierno elogia el proceso de vacunación antigripal en las farmacias, señalando que "estas farmacias contribuyeron muy positivamente a que la vacunación se realizara con mayor rapidez, lo que permitió alcanzar la protección de la población en un periodo de tiempo más corto".

El refuerzo de la campaña de vacunación de la gripe estacional y Covid-19 el próximo otoño-invierno es una de las medidas del Plan de Transformación y Emergencia Sanitaria, presentado por el Gobierno el pasado mes de mayo.

En este sentido, el decreto prevé la "ampliación de la dispensación de la vacuna antigripal de altas dosis, de forma gratuita, a las personas mayores de 85 años, garantizando también la administración de esta vacuna de altas dosis a todas las personas que vivan en centros residenciales para personas mayores".

Aunque la COVID-19 ya no es considerada una emergencia de salud pública internacional por la Organización Mundialde la Salud(OMS), el decreto del Gobierno recuerda que la Comisión Europea sigue garantizando el acceso a la vacuna de forma simultánea en sus estados miembros y reitera que el Centro Europeo para el Control de Enfermedades(ECDC) mantiene la indicación de vacunación adaptada a las cepas del virus SARS-CoV-2.

"La vacunación frente a la gripe y el COVID-19 es una intervención de salud pública de gran importancia para prevenir la transmisión, reducir la morbimortalidad en las personas de mayor riesgo y permitir al sistema sanitario gestionar las presiones invernales, contribuyendo a reducir la demanda asistencial y la probabilidad de hospitalización", señala el decreto del Gobierno.