Margarida Blasco ha explicado que la sentencia del Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo se dictó el pasado 10 de enero y que "confirma la decisión de primera instancia", que consideró totalmente infundado el recurso presentado por una empresa que impugnó el concurso público relacionado con la plataforma de videovigilancia y las bodycams policiales.

"Podemos pasar a los procedimientos siguientes", añadió el Ministro de Administración Interior, sin dar detalles sobre los próximos pasos.

Esta respuesta se produce a raíz de una pregunta formulada por Chega, que quería escuchar al ministro sobre el proceso de implantación de las "bodycams" y sobre la violencia contra las fuerzas de seguridad. Además de Chega, el PS, Bloco de Esquerda, PCP y Livre también solicitaron la comparecencia de Margarida Blasco para aclarar la muerte de Odair Moniz, en Cova da Moura, en octubre del año pasado, y la operación policial de PSP en Martim Moniz, Lisboa, en diciembre de 2024.

En noviembre del año pasado, el Gobierno anunció la creación de un grupo de trabajo para "superar el impasse" del concurso público de 'bodycams' para la PSP y la GNR, que fue impugnado dos veces.

En abril de 2023, el anterior Gobierno convocó un concurso público, por valor de 1,48 millones de euros, para la compra de la Plataforma de Seguridad de Sistemas Unificados de Vídeo, para gestionar, en particular, la información recogida por las 'bodycams' para equipar a los agentes de la PSP y la GNR.

La intención del anterior Gobierno era adquirir unas 10.000 'bodycams' por fases hasta 2026, con una inversión de cinco millones de euros y, cuando se convocó el concurso en abril de 2023, se anunció que las primeras 2.500 'bodycams' llegarían a la PSP y a la GNR en noviembre de 2024, algo que no ocurrió.