En un comunicado, el partido PAN afirma que la decisión del Tribunal Administrativo y Fiscal de Loulé, en el distrito de Faro, "implica la notificación inmediata de todas las partes, para proceder a la suspensión inmediata de los trabajos en el sitio", identificado como un humedal.

"Recibimos con emoción la notificación de la aprobación por parte del tribunal de la solicitud de interdicción", dijo Inês de Sousa Real, portavoz del PAN, citada en la nota.

Sousa Real añade que "ha sido con profunda tristeza" que ha observado la progresiva destrucción de la zona que sirve de refugio a centenares de aves, muchas de ellas con estatus de protección en virtud de la Directiva Hábitats, "sin que el Ayuntamiento [de Lagoa] ni las demás entidades gubernamentales, se hayan movilizado para detener" lo que considera "un crimen medioambiental".

El partido afirma que también hay "especies en situación de vulnerabilidad, como la tortuga de caparazón estriado, clasificada como en peligro de extinción, y la salamanquesa turca, que están siendo enterradas vivas como consecuencia de los movimientos de tierra en curso" en el lugar.

Según el PAN, está en juego "la preservación de lo que es uno de los únicos humedales del Algarve, cuya destrucción comenzó hace dos semanas", con el inicio de las obras.

"No basta con proclamar a la comunidad internacional que estamos preocupados, es necesario demostrar que se trata de una preocupación real", dice la portavoz del PAN, y añade que el partido "hará todo lo posible en nombre de la conservación de Alagoas Brancas".

El PAN también informó de que, además del requerimiento presentado ante el Tribunal Administrativo y Fiscal de Loulé, también formalizó una denuncia ante el Ministerio Público, "exigiendo que éste actúe en defensa de los intereses difusos, tal y como prevé la legislación vigente".

Para la zona en cuestión, un humedal de unas ocho hectáreas, está prevista la construcción de 11 lotes para comercio y servicios, un proyecto que se remonta a 2007 y que desde entonces ha sido impugnado por movimientos y asociaciones ecologistas.

El proyecto fue aprobado en 2009 y pasó por todas las fases de autorización previstas por la ley para permitir la concesión del permiso y la subdivisión, según la Cámara de Lagoa.