"Por supuesto, vamos a impugnar la decisión judicial, en un proceso en el que la Cámara es la parte demandada y el promotor de la obra es la parte interesada. Nuestros juristas ya han comunicado al promotor que tiene que suspender la obra y vamos a esperar tranquilamente a que se desarrolle el proceso", dijo el alcalde Luís Encarnação.

La suspensión de la construcción de la urbanización comercial en Alagoas Brancasfue determinada por el Tribunal Administrativo y Fiscal de Louléque estimó una medida cautelar presentada por el PuebloAnimais-Natureza (PAN).

Según Luís Encarnação, el municipio "impugnará la decisión judicial, de forma similar a lo que hizo con las otras dos, en las que se dio la razón al municipio, porque todo se está haciendo dentro de la ley, sin violar el Plan ni ninguna norma o ley".

El alcalde señaló que el proyecto de urbanización fue aprobado en una reunión de la cámara en julio de 2013, después de que la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente, la Comisión de Coordinación y Desarrollo del Algarve y el Instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques emitieran dictámenes positivos a su realización, "no señalando ningún interés medioambiental para el lugar en cuestión".

Plan urbanístico

En un comunicado, el Ayuntamiento de Lagoa aclaró que la subdivisión de Alagoas, donde se ubica la construcción comercial, es parte integrante del Plan de Urbanización de la ciudad, aprobado en febrero de 2008, que definió la zona sur de la ciudad como una expansión de las actividades y el establecimiento de áreas industriales, comerciales y de servicios, no habiendo recibido ninguna manifestación "a favor o en contra durante los períodos en los que estuvo en discusión pública".

Durante el periodo de discusión pública del proyecto de construcción de la empresa comercial, aprobado en 2013 y ahora impugnado, "ningún ciudadano se manifestó, ni en contra ni a favor", reza la nota.

El alcalde de Lagoa dijo que no entendía la impugnación que se estaba haciendo, entre otras cosas porque, destacó, "otras dos áreas comerciales fueron construidas en el sitio".

Luís Encarnação estimó que "una reversión del proceso podría suponer entre 35 y 40 millones de euros de pérdidas para el ayuntamiento, lo que haría ingobernable el municipio durante un periodo de al menos un año".