"En las zonas especificadas desde el momento en que se deja de aceptar el alojamiento local, ya que hay demanda, aparece el alojamiento local ilegal y estamos llenos de alojamientos locales ilegales por toda la ciudad", declaró la concejala Joana Almeida.

Tras señalar que los alojamientos locales ilegales son competencia de la Autoridad de Seguridad Alimentaria y Económica (ASAE), la concejala dijo que el departamento de Urbanismo está actuando en el ámbito de sus competencias, empezando por realizar inspecciones, algo que "no se hacía en el pasado", comprobando que hay obras ilegales en los alojamientos locales, así como situaciones de incumplimiento de los requisitos de funcionamiento.

Joana Almeida ha señalado que existen "varios frentes posibles" para evitar los alojamientos locales ilegales, concretamente a través de los datos de las plataformas de reserva, como Airbnb y Booking, así como "a través de la tasa turística o el contador de agua".

Bares ilegales

En cuanto a la apertura de bares en zonas residenciales, el problema fue planteado por Angélique da Teresa (IL), quien dijo que había "casi una guerra entre los residentes y los intereses comerciales".

La presidenta de la Junta Parroquial de Misericordia, Carla Madeira (PS), propuso regular los horarios de los establecimientos locales y advirtió que, a pesar de que el Plan de Urbanización del Centro Histórico de Bairro Alto e Bica prohíbe la apertura de bares, las ferreterías y estancos "se convirtieron en bares", en virtud de la Licencia Cero, porque procedieron a cambiar las licencias, incluso para las casas de té, pero "no venden té, venden mucha cerveza, mucho alcohol".

"Estos establecimientos están operando ilegalmente. Estos establecimientos deben ser cerrados inmediatamente", apeló Carla Madeira.

En respuesta, el concejal de Urbanismo reconoció que los bares son "un problema transversal" en la ciudad de Lisboa, refiriéndose a que, "en este momento, hay una falta de control" como consecuencia de la Licencia Cero, en la que "un propietario puede cambiar de restaurante a bar sin pasar por una nueva licencia urbanística".

"Creo que ha llegado el momento de trabajar en una regulación para minimizar este tipo de conflictos", explicó Joana Almeida, señalando la necesidad de controlar los horarios de los establecimientos y limitar el ruido, lo que debe implicar también el refuerzo de la inspección, posiblemente con el apoyo de las juntas parroquiales.