Los despidos en la administración de TAP son por "justa causa" y se producen tras la auditoría de la Inspección General de Finanzas(IGF), que decretó la nulidad del acuerdo de salida de Alexandra Reis de TAP, por lo que la ex administradora de la aerolínea tendrá que devolver la indemnización de 500.000 euros que recibió cuando dejó sus funciones en TAP.

El Gobierno ha elegido al actual consejero delegado del Grupo SATA, Luís Rodrigues, que desde 2019 está al frente de las aerolíneas azorianas Azores Airlines y SATA Air Açores, para dirigir TAP tras la salida de Christine Ourmières-Widener.


"Pasar página"


En el discurso en el que ha anunciado las exoneraciones del presidente y del consejero delegado de TAP, Fernando Medina ha explicado que el Gobierno optó por la dimisión para que hubiera una "vuelta de página en la gestión de la compañía" y para que se restablecieran los "lazos de confianza" " en la aerolínea nacional, que en breve afrontará un proceso de privatización.

"TAP no es una empresa cualquiera y era importante marcar esta vuelta de página en el sentido de estabilización, con la nueva composición de los órganos de gobierno", dijo el ministro de Finanzas, explicando que estos cambios también pretenden dar estabilidad al proceso de privatización de TAP.

A pesar de los diversos casos en los que se ha visto envuelta TAP y dirigidos especialmente contra su administración, Fernando Medina dice tener "plena confianza" en que la aerolínea seguirá con éxito "el camino de su sostenibilidad futura, que pasará por la privatización de parte de su capital".

El ministro de Finanzas también aclaró que el administrador financiero de TAP no estaba en el punto de mira de esta auditoría y que, por lo tanto, seguirá formando parte de la administración de la aerolínea, sin decir si el propio funcionario retirará responsabilidades políticas de este caso.

João Galamba, que reveló la elección de Luís Rodrigues para suceder a Christine Ourmières-Widener, explicó que el actual director general de SATA acumulará, por el momento, ambas funciones, defendiendo que se trata de un "funcionario portugués", que ofrece "todas las condiciones para que el Gobierno pueda hacer frente a los desafíos de TAP".

La auditoría de la IGF procederá ahora, añadió Fernando Medina, al Tribunal de Cuentas, para determinar las eventuales responsabilidades financieras de los directivos de TAP.


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