En el informe de la misión del FMI a Portugal en virtud del artículo IV, la institución afirma que, tras el crecimiento del 6,7% de la economía portuguesa en 2022, "significativamente superior" al 3,5% de la zona euro, "se espera que el crecimiento real del PIB [Producto Interior Bruto] se ralentice en el resto del año hasta una media del 2,6% en 2023 y que la inflación retroceda hasta el 5,6%".

El 11 de abril, en la actualización de las previsiones económicas mundiales, el FMI había apuntado a un crecimiento del PIB del 1% para la economía portuguesa este año, previendo que la tasa de inflación sería del 5,7%. El Gobierno prevé un crecimiento del 1,8% en 2023.

"La elevada inflación y las condiciones financieras más restrictivas están debilitando la economía", mantiene el FMI, considerando que "el mayor coste de la vida debería penalizar el crecimiento de la demanda interna y el menor crecimiento mundial y de la zona euro debería debilitar el aumento de las exportaciones", lo que llevaría a que "el crecimiento se estabilice en torno al 2% a medio plazo".

A medida que bajen los precios de la energía, la institución prevé que la inflación siga disminuyendo, pero señala que la inflación subyacente - que excluye los alimentos y la energía - "debería ser más persistente, debido a la rigidez del mercado laboral y a los elevados márgenes de beneficio".


Recomendaciones


En este contexto, el FMI recomienda que, este año, la política fiscal siga siendo "no expansiva, con el fin de preservar el margen de maniobra fiscal y apoyar la política monetaria", pero que, al mismo tiempo, sea "flexible, en caso de que se produzcan choques".

La misión del FMI recomienda al Gobierno que invierta en "medidas para aumentar el rendimiento de los ingresos de forma sostenida y mejorar la composición y eficiencia del gasto".

"Las reformas fiscales deben avanzar hacia la eliminación de las distorsiones, la reversión de los tipos reducidos del IVA y la racionalización de los gastos fiscales. La modernización del sistema fiscal, incluida la digitalización de la administración tributaria, mejoraría la eficiencia fiscal. Unos impuestos sobre el patrimonio más elevados aumentarían los ingresos y ayudarían a aliviar las presiones sobre el precio de la vivienda. La reducción de los precios de la energía deja abierta la posibilidad de aumentar los impuestos sobre el carbono".

El FMI también aboga por un "aumento de la proporción de la inversión pública -en concreto, en la aplicación del Plan de Recuperación y Resistencia- en el gasto corriente, invirtiendo las tendencias recientes".