Los dos diplomas, aprobados por el Consejo de Ministros, se inscriben en el ámbito del régimen jurídico del sistema simplificado de información catastral y del Balcão Único do Prédio(BUPi), introduciendo algunos cambios en el diploma actual.
Según explicó a los periodistas la ministra de Justicia, Catarina Sarmento e Castro, al término de la reunión, una de las modificaciones prevé la ampliación del periodo gratuito de los trámites de identificación y registro hasta finales de 2025.
El diploma también establece mecanismos de resolución de conflictos, recurriendo a una "conciliación administrativa", en los casos en que pueda haber una "superposición de límites en las tierras que están siendo identificadas y registradas".
"Todos sabemos que es mucho más fácil aceptar una decisión consensuada que una decisión impuesta. Básicamente, sentando a la mesa a los interesados en este procedimiento y a través de un tercero, que va a ser un técnico, que va a mediar, podemos así resolver cualquier cuestión que pueda surgir de conflicto respecto a los límites", explicó el funcionario.
Los cambios introducidos también prevén la realización de consultas públicas, a través de Internet, notificaciones o entidades consulares, "en aquellos casos en los que aún no se hayan identificado todos los linderos de las edificaciones colindantes" y el impulso del registro de solares por parte de los servicios de la Administración Pública.
La documentación entregada a cada uno de los BUPi servirá también a efectos registrales, sin necesidad de entregar nuevos documentos en la oficina de registro.
A modo de balance, el Ministro de Justicia dijo que ya se han identificado cerca de 1,7 millones de propiedades en los 144 municipios que participan en el proyecto.
"El BUPi forma parte de una de las reformas más importantes de este siglo. Con él podremos conocer el territorio, para gestionarlo mejor y prevenir mejor los incendios. Asigna un nombre y un rostro a una propiedad determinada y contribuye a la seguridad jurídica. Solo así hay plena propiedad", subrayó.
Creado en 2017 como proyecto piloto, el BUPi está actualmente financiado por el Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR), componente C08 Florestas, integrado en el área gubernamental de Justicia y Medio Ambiente y Acción por el Clima, conjuntamente con Cohesión Territorial.