El principal acusado en el caso Football Leaks fue condenado por cometer un delito de extorsión en grado de tentativa, tres de violación agravada de correspondencia y cinco de acceso ilegítimo, quedando el resto en aplicación de la ley de amnistía aprobada en el contexto de la visita del Papa a Portugal y por falta de pruebas.

Aníbal Pinto fue condenado por el único delito del que se le acusaba: tentativa de extorsión, lo que le valió una condena condicional de dos años de cárcel.

Rui Pinto, de 34 años, fue acusado de 90 delitos: 68 de acceso indebido, 14 de violación de correspondencia, seis de acceso ilegítimo, dirigidos a entidades como el Sporting, Doyen, el bufete de abogados PLMJ, la Federación Portuguesa de Fútbol ( FPF) y la Procuraduría General de la República (PGR), y también por sabotaje informático a la SAD del Sporting y por extorsión, en grado de tentativa. Este último delito afecta a Doyen y fue el que también llevó a la imputación del abogado Aníbal Pinto.