El acusado Diogo Lacerda Machado, abogado, consultor y amigo del Primer Ministro, fue obligado a prestar una fianza de 150 mil euros en el plazo de 15 días y a no viajar al extranjero, debiendo entregar su pasaporte a la custodia del tribunal en el plazo de 24 horas.

Vítor Escária, antiguo jefe de gabinete del Primer Ministro, António Costa, fue obligado a no salir al extranjero y a entregar su pasaporte a la custodia del tribunal en un plazo de 24 horas.

Al presidente del Ayuntamiento de Sines, Nuno Mascarenhas, y a los administradores Rui Oliveira Neves y Afonso Salema, ambos de la empresa Start Campus, se les impuso un Término de Identidad y Residencia (TIR), la medida coercitiva menos grave.

La empresa Start Campus, imputada en el caso, tuvo que depositar una fianza de 600 mil euros en un plazo de 15 días.

Según el comunicado del Juzgado Central de Instrucción Criminal, el juez Nuno Dias Costa consideró que Diogo Lacerda Machado y Vítor Escária están "fuertemente acusados" en coautoría y en forma consumada de un delito de tráfico de influencias.

Por su parte, se entiende que Afonso Salema y Rui Oliveira Neves están acusados de coautoría de un delito de tráfico de influencias y de un delito de ofrecimiento de ventaja indebida.

En relación a la empresa Start Campus, el juez entiende que está "fuertemente imputada" por un delito de tráfico de influencias y un delito de ofrecimiento de ventaja indebida, cuya práctica tuvo lugar a través de los administradores Afonso Salema y Rui Oliveira Neves.

La nota enviada por el tribunal no menciona la imputación de ningún delito contra el presidente del Consejo Municipal de Sines.

El juez no validó los delitos de prevaricación y corrupción activa y pasiva que se atribuyeron a algunos acusados.

Tras el interrogatorio del juez a los acusados, que duró cuatro días, el Ministerio Público (MP) solicitó prisión preventiva para Vítor Escária y Diogo Lacerda Machado.

Para el alcalde de Sines, Nuno Mascarenhas, el MP había pedido la suspensión del mandato, la prohibición de contactos y la prohibición de entrar en las instalaciones del municipio.

Para el director general de Start Campus, Afonso Salema, el diputado había solicitado la prohibición de contactos y una fianza de 200 mil euros, y para el administrador de la empresa, Rui Oliveira Neves, una fianza de 100 mil euros y la prohibición de contactos.

El Primer Ministro, António Costa, que surgió vinculado a este caso, fue objeto de la apertura de una investigación por parte del MP en el Tribunal Supremo de Justicia, situación que le llevó a dimitir, programando el Presidente de la República elecciones anticipadas para el 10 de marzo de 2024.

Esta investigación se hizo pública con la operación llevada a cabo el pasado martes por el MP, que implicó más de 40 registros y condujo a la detención de cinco personas.

En total, hay nueve imputados en el caso, entre ellos el ministro de Infraestructuras, João Galamba, el presidente de la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente, Nuno Lacasta, el abogado, ex secretario de Estado de Justicia y ex portavoz del PS João Tiago Silveira y la empresa Start Campus.

El proceso está relacionado con la exploración de litio en Montalegre y Boticas (ambos distritos de Vila Real), con la producción de energía a partir de hidrógeno en Sines, Setúbal, y con el proyecto de construcción de un centro de datos (Data Center ) en la zona industrial y logística de Sines por parte de la empresa Start Campus.

Según el diputado, están en juego los delitos de prevaricación, corrupción activa y pasiva de cargos políticos y tráfico de influencias.

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