Según el diario"Expresso", Lisboa fue donde se presentó el mayor número de casos, pero le siguen Oporto (484), Loulé (339) y Leiria (215): hay 240 casos en tribunales superiores y uno ha llegado incluso al Tribunal Supremo. La mayoría de los casos contra AIMA, explica el periódico, son "citaciones para defender derechos, libertades y garantías" presentadas por inmigrantes que llevan meses luchando por una decisión sobre las solicitudes de legalización en Portugal.

Los demandantes entregan entre 800 y 1.000 euros a los abogados para que adelanten su demanda, lo que les permite reducir a menos de dos meses la espera habitual de dos años para obtener un Permiso de Residencia - cuando son aceptadas por el juez, las citaciones obligan a AIMA a decidir rápidamente sobre la solicitud de legalización presentada por el inmigrante.

"Este método comenzó a utilizarse en la primera parte de 2023, durante la vigencia del SEF, y se ha ido generalizando a medida que se va conociendo", indican desde AIMA. "Los procesos están vinculados a retrasos en la tramitación de procedimientos que comenzaron mucho antes de la existencia de AIMA, y que ahora se han reorganizado internamente para garantizar una respuesta oportuna a los procesos judiciales." Las más de 7.600 reclamaciones son una gota en el océano si se comparan con las más de 400.000 aún pendientes, 350.000 de ellas heredadas de la SEF.