La posición de la MIA, en un comunicado, se produce en relación con la decisión anunciada por la Comisión Europea de proponer un etiquetado "verde" para determinadas actividades de gas y energía nuclear.

"Teniendo en cuenta los dictámenes científicos y el progreso tecnológico actual, la Comisión considera que hay un papel para la inversión privada en las actividades de gas y nucleares en la transición", dijo la Comisión en un comunicado, asegurando que esto está "en consonancia con los objetivos climáticos y medioambientales de la UE" y que permite "acelerar el paso de las actividades más contaminantes, como la producción de carbón, a un futuro neutro desde el punto de vista climático, basado principalmente en las fuentes de energía renovables."

Esta no es la idea de las asociaciones vinculadas al medio ambiente, que ya se han pronunciado en contra, ni de la MIA, un movimiento formado por grupos e instituciones ecologistas de Portugal y España que se han pronunciado en contra de la energía nuclear.

En el comunicado emitido el 2 de febrero, el movimiento, además de afirmar que los esfuerzos de descarbonización se ven comprometidos "por el oportunismo y la capacidad de presión de la industria nuclear", critica especialmente a Francia por la decisión de la Comisión.

"La dependencia de Francia de la energía nuclear, que representa el 77% de su electricidad, acompañada de los intereses de Finlandia y de varios países de Europa del Este, está empujando a la Unión Europea a una nueva brecha", advierte el MIA en el comunicado.

Estos países, dice, quieren abrir el acceso a nuevos fondos para la industria nuclear como actividad verde, "con la falacia de que contribuye a la adaptación y mitigación del cambio climático".

La propuesta de la Comisión, para hacerse efectiva, tendrá que ser aprobada por 20 de los 27 Estados de la UE y también tendrá que pasar por el Parlamento Europeo.

Si no hay oposición, la propuesta entrará en vigor el 1 de enero de 2023.