Es la segunda vez que se pospone el fin del SEF, decidido por el anterior gobierno y aprobado en noviembre de 2021 en la Asamblea de la República, y que se aprueba en el parlamento.

Esta ley determina que las actuales competencias administrativas del SEF en relación con los ciudadanos extranjeros serán ejercidas por una nueva institución, la Agencia Portuguesa de Migración y Asilo, y por el Instituto de Registros y Notariado, además de transferir las competencias policiales a la PSP, la GNR y la Policía Judicial.

En el proyecto de ley, el Gobierno señaló la disolución de la Asamblea de la República, la pandemia de Covid-19 y el contexto de guerra en Ucrania como justificaciones para no haber avanzado en la reestructuración de los servicios.