En la queja entregada al Presidente de la República, al Primer Ministro y al Defensor del Pueblo, a la que tuvo acceso Lusa, la Associação ProPública - Direito e Cidadania destaca "la exigencia casi universal de cita previa, por teléfono o por medios electrónicos, para que un ciudadano sea recibido en cualquier servicio de la administración pública".

Sin embargo, este requisito, afirman, vulnera el derecho constitucional de "acceso efectivo, libre y directo a los servicios públicos sin necesidad de cita previa".

Es decir, "se está vulnerando desde hace más de año y medio el derecho de las personas a unos servicios públicos accesibles, ágiles y no discriminatorios".

Según la asociación privada que lucha por la defensa jurídica del interés público, "los medios alternativos de atención que se han perpetuado vulneran las garantías constitucionales", expresadas en los artículos 266 y 267, y "afectan al bienestar general de las personas y las comunidades".

La reserva previa para la atención presencial en los servicios públicos formaba parte de las medidas de respuesta a la pandemia del Covid-19, pero "sólo se justificaba legalmente en virtud del estado de emergencia", explica ProPública.

Portugal no estaba en estado de emergencia desde el 30 de abril de 2021, y el consiguiente estado de alerta terminó el 30 de septiembre.