La entidad afirma que el fin del ARI (Permiso de Residencia por Inversión, más conocido como visados dorados) "para las unidades turísticas, en particular, es una medida errónea y extemporánea que aparece justo un año después de la última revisión y apenas tres o cuatro meses después de su aprobación en el Parlamento".

Según la entidad, esta medida, incluida en el plan Mais Habitação del Gobierno, podría provocar "la suspensión inmediata de inversiones por valor de más de 600 millones de euros y, en consecuencia, la creación de más de 1.000 puestos de trabajo, que algunos de los asociados de la APR habían previsto para los próximos dos años".

Al mismo tiempo, según la APR, la medida podría generar la "pérdida de la contribución de cada nuevo inversor extranjero en la economía portuguesa, que, al cabo de 5 años, es aproximadamente 6 veces superior al valor de su inversión inicial".

Según datos divulgados por la asociación, el año pasado, cuando "ya era imposible invertir en ARI para viviendas en centros urbanos, se recaudaron 534 millones de euros de inversión, es decir, un potencial de más de tres mil millones de euros a cinco años", destacaron, garantizando que "esto equivale al 1,3% del PIB [Producto Interior Bruto] nacional" y al 18% del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR).

Desconectados de la realidad

La APR entiende que "la extinción completa del ARI sería una medida con graves impactos económicos y de credibilidad" para el país, "desconectada de la realidad del país y de sus regiones, y extemporánea", añadiendo que "peor sería acabar de golpe y por completo con el ARI".

"Estaríamos golpeando, de forma potencialmente irreparable, sectores esenciales para Portugal que necesitan de la inversión privada extranjera -turismo, energía, sanidad, logística, entre otros- a medio plazo, ya que el Estado no tiene capacidad de respuesta, ni siquiera con el PRR".

Al mismo tiempo, "teniendo en cuenta lo recientes que son los últimos cambios en el régimen, la inmensa mayoría de las inversiones que se han llevado a cabo desde su entrada en vigor se encuentran todavía en fase de desarrollo y/o construcción", y la introducción de un cambio inmediato "haría inviable o, al menos, implicaría una elevada pérdida de ingresos en muchos de estos proyectos todavía en desarrollo".


La semana pasada, Pedro Fontainhas, director ejecutivo de APR, declaró a Lusa que la organización no está de acuerdo con el anunciado fin de los visados dorados y pidió al Gobierno "reflexión" para realizar estudios.