La decisión se produce después de que la agencia de calificación financiera estadounidense no modificara en marzo su evaluación de la deuda soberana portuguesa.

El 29 de septiembre del año pasado, Fitch elevó la calificación de Portugal de "BBB+" a "A-", manteniendo una perspectiva estable. Un año después, en un comunicado, elogiaba los continuos progresos en la reducción de la ratio de deuda pública, el compromiso con una política presupuestaria prudente y el desapalancamiento externo en curso, lo que a su juicio reduce las vulnerabilidades del país.

La agencia prevé "un bajo riesgo de elecciones anticipadas el próximo año". Sin embargo, advierte de que la posición minoritaria del Gobierno "se traduce en incertidumbre política", incluso "en relación con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025 (OE2025)".

Aunque asume un escenario en el que se aprueba el proyecto presupuestario, admite que es posible que el Gobierno tenga que recurrir a la gestión en doceavas partes, lo que "requeriría una política presupuestaria más rigurosa en comparación con la propuesta de 2025". Para Fitch, esta gestión "también implicaría retrasos en la implementación de las políticas".

La agencia espera que un crecimiento económico moderado y un "modesto" superávit presupuestario del 0,2% del PIB este año reduzcan la deuda pública de Portugal al 95,8% del Producto Interior Bruto (PIB) a finales de 2024, frente al 99,1% de finales de 2023. Para este año, Fitch estima un "ligero aumento" de la tasa de desempleo hasta el 6,6%, seguido de una reducción hasta el 6,4% entre 2025 y 2026.

La inflación bajará del 5,3% al 2,6% en 2024 y se estabilizará en torno al 2% en los dos próximos años.

La próxima agencia que examinará la deuda portuguesa será Moody's el 15 de noviembre, cerrando así las evaluaciones de este año. La calificación la asignan las agencias de calificación financiera y repercute en el coste de financiación de países y empresas, ya que evalúa el riesgo de crédito.