La propuesta sugiere que las áreas de contención absoluta del AL correspondan a las freguesias que presenten una relación entre el número de establecimientos de AL y el de alojamientos familiares clásicos "igual o superior al 15%", aplicándose a Santa Maria Maior ( 71,3%), Misericórdia (47,4%), Santo António (26,7%), São Vicente (17,3%) y Arroios (15,2%), según la concejala de Urbanismo, Joana Almeida.

Se trata de la propuesta de someter a consulta pública, "por un período de 30 días hábiles", el proyecto de modificación de la Regulación Municipal de Alojamientos Locales (RMAL), que se debatirá el miércoles en una reunión privada de la ejecutiva del ayuntamiento.

En este sentido, Joana Almeida quiere que las áreas de contención relativa sean las parroquias o barrios de la ciudad con un ratio "igual o superior al 5% e inferior al 15%".

"En un momento de gran sensibilidad para el mercado de AL, queremos aportar más estabilidad a una actividad que es esencial para la renta de muchas familias y que es muy importante para la dinámica económica de Lisboa", afirma la concejala de Urbanismo.

Joana Almeida subraya la importancia de ajustar la RMAL a la realidad actual de la ciudad, "a pesar de que el Gobierno ha optado por no escuchar a los municipios en la elaboración del paquete Mais Habitação, que tiene un impacto significativo en la AL".

"Queremos regular el AL en una lógica equilibrada. No queremos barrios exclusivamente turísticos. Queremos equilibrio, queremos diversidad. Queremos vida en los barrios y queremos calidad de vida en los barrios. Nuestra propuesta de revisión del Reglamento Municipal de Alojamientos Locales sigue este principio", declara el concejal, subrayando el refuerzo de la vigilancia e inspección de esta actividad económica, para garantizar que esté dentro de la legalidad y tenga un impacto positivo, sin afectar negativamente a la ciudad.

"No queremos la suspensión de nuevas licencias en todas las áreas urbanas, que en el caso de Lisboa se aplicaría a toda la ciudad independientemente del peso del AL en cada parroquia o barrio".

Entre las medidas del Gobierno en materia de AL están la suspensión de nuevas licencias para apartamentos y establecimientos de alojamiento integrados en una fracción autónoma de un edificio, la revisión de las licencias actuales en 2030, siendo las nuevas válidas durante cinco años, la creación de un régimen de caducidad para las licencias inactivas y un nuevo régimen fiscal, que prevé una contribución extraordinaria del 20% o una exención fiscal si el inmueble se transfiere al mercado nacional de alquiler de viviendas.