Declarados Edificios de Interés Público en 1977, fueron sacados a subasta pública por Revive, gestionada por Turismo de Portugal.
El Estado sólo exigía dos requisitos a los ganadores de la puja: el valor del alquiler propuesto por los candidatos y el plazo para que abrieran sus puertas al público. Esta decisión no fue apoyada por el ayuntamiento de Cascais, que argumentó que también se debería haber tenido en cuenta el concepto de los restaurantes y el grado de experiencia de las empresas, según declaró el alcalde a ECO.
Entre los 25 candidatos para el fuerte de S. Pedro, la concesión fue otorgada a la empresa David Igrejas Unipessoal, Lda., que según Informa D&B sólo tiene un trabajador, el propietario-gerente David Saragga Igrejas, propietario de Prego Gourmet, que se declaró en quiebra en 2021 con deudas con Novobanco, el centro comercial Alegro Alfragide y varios proveedores como Pcarnes, Frustock e Easybatata.
David Saragga Igrejas era también uno de los cuatro propietarios del restaurante Folar da Vila, en Cascais, que también cerró sus puertas.
Ahora, David Igrejas Unipessoal, Lda. será responsable de la concesión del fuerte de S. Pedro durante los próximos 50 años, con un alquiler medio de 147.050 euros, unos 12.250 euros al mes. La cantidad es casi 12 veces superior a los 12.400 euros de alquiler exigidos a los candidatos en el concurso. Más allá del alquiler anual, David Saragga Igrejas también es responsable de la inversión necesaria para la recalificación y adaptación del edificio -que tiene una superficie de 1118,6 metros cuadrados, de los cuales 395,4 metros cuadrados están en construcción- en un restaurante.
Según el libro de deberes publicado en el portal Revive, David Saragga Igrejas tiene "un plazo máximo de tres meses" para realizar todos los cambios necesarios y abrir el restaurante, de lo contrario se le revocará el contrato de concesión. Sin embargo, la propuesta presentada por el empresario "prevé que el negocio abra en 6 trimestres", es decir, el plazo de tres años se ha reducido en un tercio.
En el fuerte de la concesión de S. João da Cavadeira, por su parte, se presentaron 22 candidatos. Fue otorgada a Canário Tagarela, Unipessoal, Lda., empresa fundada en febrero de 2022, dos meses antes de que finalizase el plazo para presentar candidaturas a concurso, fase que va de diciembre de 2022 a abril de 2022.
Según Informa D&B, la empresa cuenta con un solo trabajador, el propietario/gerente Gonçalo Pousinho, que está vinculado como propietario en otra empresa dedicada a la organización de actividades turísticas - Reaching Experience, Lda..
Según el ayuntamiento de Cascais, Canário Tagarela pagará un alquiler anual de 147.100 euros, que se dividen en unos 12.260 euros al mes, y la concesión tendrá una duración de 50 años. Esta cantidad es más de 15 veces superior al mínimo de 10.055 euros exigido en el concurso.
Este valor también excluye la inversión en la recalificación del edificio, y el propietario, Gonçalo Pousinho, propone acortar el plazo de apertura en 18 meses, ya que el libro de obligaciones de esta concesión también especifica un "plazo máximo de tres años".
Tanto el fuerte de S. Pedro como el de S. João llevan años sin mantenimiento y se encuentran en un avanzado estado de degradación. El fuerte de S. João no desempeña ninguna función militar desde 1843 y forma parte de los fuertes juaninos erigidos entre 1642 y 1648 para crear una línea defensiva entre São Julião da Barra y Cabo da Roca.
El fuerte de S. Pedro, situado en la playa de Poça, tras su desactivación en el siglo XIX pasó por varios propietarios, utilizándose la estructura para diversos fines. En 1954 se convirtió en la Casa del Té y, desde 1957, se alquila a un particular, utilizándose inicialmente como restaurante y más tarde como club nocturno.
ECO interrogó a Turismo de Portugal sobre sus decisiones, pero no ha recibido respuesta.
El programa Revive fue lanzado en 2016 por los ministerios de Economía, Hacienda, Defensa y Cultura para recalificar el patrimonio del Estado con fines turísticos, cuenta con la colaboración de los gobiernos locales y está coordinado por Turismo de Portugal.
Hasta ahora, se han concedido 18 estructuras públicas abandonadas, lo que ha supuesto un total de 2,5 millones de euros al año en alquileres pagados al Estado y 139 millones invertidos en la recuperación de estos edificios.
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