"Hay claras ganancias de eficiencia. Es cierto que la reestructuración del SEF y el consiguiente traspaso de competencias a la GNR y a la PSP en materia de control de fronteras y de la actividad de los extranjeros en Portugal plantean retos a la gestión integrada de las fronteras. Pero se trata de retos que, a nivel estructural y organizativo, pretenden, en particular, garantizar la eficacia y aumentar el control de las fronteras", afirmó José Luís Carneiro.

"Una vez superada la fase de estructuración de las decisiones políticas, ahora es esencial garantizar el éxito del proceso de transición", afirmó el responsable gubernamental.

El proceso de extinción del SEF está previsto para el 29 de octubre y las competencias de este servicio de seguridad serán transferidas a siete organismos.

En la conferencia, el ministro precisó que el PSP asumirá el control de la frontera aérea, así como la gestión de los centros de instalación temporal integrados en los aeropuertos, mientras que la GNR se encargará del control de la frontera marítima, complementando las funciones de vigilancia marítima realizadas por la Unidad de Control de Costas y Fronteras, así como en la frontera terrestre, además de que estas dos fuerzas de seguridad también serán responsables de la expulsión de ciudadanos extranjeros.

José Luís Carneiro destacó que "hace muchos meses que la PSP y la GNR están con el SEF en las fronteras, en un proceso de cooperación que aumenta la capacidad de control de los que entran y salen del país y, al mismo tiempo, permite un continuo y saludable intercambio de experiencias, que se reflejará positivamente en el futuro".

Según el funcionario, el SEF ya ha impartido cursos en el área de control fronterizo a 348 miembros de la PSP, y otros 50 policías se encuentran actualmente en fase de formación, y 235 GNR también asistieron a estos cursos.

El ministro añadió que la Policía Judicial asumirá competencias en materia de delincuencia asociada al tráfico de seres humanos y de ayuda a la inmigración ilegal.

Las funciones de regularización de ciudadanos extranjeros, migrantes y refugiados se asignan a la nueva Agencia de Integración, Migraciones y Asilo (AIMA), que aglutina las funciones de regularización de migrantes y expedición de documentos, junto con el Instituto de Registro y Notariado, así como las competencias de acogida, integración y protección, derivadas de la fusión del Alto Comisionado para las Migraciones.

La reestructuración del SEF fue decidida por el Gobierno anterior y aprobada por la Asamblea de la República en noviembre de 2021, tras haber sido aplazada en dos ocasiones.