La prórroga del plazo para presentar la prueba de la actividad de Alojamiento Local (AL) en Portugal -del 7 al 13 de diciembre- supuso "cierto alivio" para los titulares de AL, según informó la Asociación de Alojamiento Local en Portugal(ALEP - Associação do Alojamento Local em Portugal) en un comunicado.

Se trató, sin embargo, de "un proceso (...) mal concebido, que dio lugar a numerosas otras limitaciones que deben tenerse en cuenta, en un momento en que, de un total de 120.000 inscripciones de AL en el RNAL - Registro Nacional de Alojamientos Locales, 45.000 no enviaron pruebas", añaden, apelando "al sentido común y a la flexibilidad" de las autoridades locales "para evitar cancelaciones indebidas o injustificadas de inscripciones".

Los datos divulgados por el Ministerio de Economía y del Mar y recogidos por idealista, muestran que más del 60% del total de AL registrados enviaron sus declaraciones de contribución en la plataforma creada a tal efecto, siendo los municipios de Lisboa, Oporto y Albufeira los que aglutinaron el mayor número de envíos.

"Del universo de 120.719 AL inscritas, se presentaron 74.972 declaraciones de contribución válidas, cuya tramitación posterior corresponde ahora a los municipios territorialmente competentes".

Según ECO, alrededor del 30% de las licencias AL activas en Lisboa y Oporto serán canceladas. De un total de 30.553 licencias activas en las dos ciudades, 8.866 no presentaron pruebas para seguir operando.

Sin embargo, según Expresso, las cámaras de Lisboa y Oporto no deberían empezar a analizar la falta de entrega de pruebas de actividad AL hasta enero.

Lisboa, que cuenta con el mayor número de registros, es también la ciudad donde la falta de entrega de pruebas fue más frecuente: el 42,6% de los titulares no presentaron pruebas de actividad sobre un total de 19.917. En Oporto, la situación es inversa, ya que 9.278 titulares (el 88,7%) presentaron pruebas sobre una población de unos 10.500.

En el comunicado enviado a las redacciones el 15 de diciembre, una vez finalizado el plazo fijado para entregar las pruebas de la actividad de AL en Portugal, ALEP pide a los ayuntamientos que no tomen "decisiones precipitadas" y que tengan "en cuenta que la legislación contiene graves lagunas, además de que los procedimientos se están aplicando bajo una enorme presión de tiempo, y sin el debido cuidado".


"Es cierto que las cámaras no son responsables de estos errores, sino el propio diseño de la ley, que subyace a esta obligación propuesta por el Gobierno, sin embargo, también es cierto que las cámaras 'heredaron' el problema y ahora tienen la carga de asumir la responsabilidad de las consecuencias del proceso", reza la nota.

La entidad liderada por Eduardo Miranda quiere que las autoridades locales, "además de seguir siendo sensibles al tema, muestren un mayor cuidado antes de decidir cualquier cancelación precipitadamente, ya que corren el riesgo de cometer algunas injusticias o incluso ilegalidades".

ALEP también advirtió del hecho de que los no residentes, especialmente los extranjeros, y las personas mayores no pueden presentar la declaración por sus propios medios al no disponer de una tarjeta ciudadana con clave móvil digital o similar, única forma de autenticarse para entrar en la plataforma y cumplir con esta obligación.

"También está el tema de los que hacen AL en su residencia permanente durante menos de 120 días que, según el texto de la ley, están exentos de enviar cualquier justificante", advierte la asociación.