Francia notificó a la Comisión Europea, en abril de 2020, la concesión de una garantía del Estado del 90% para un préstamo de 4.000 millones concedido por un consorcio de bancos y una financiación pública de 3.000 millones. La inyección estaba destinada exclusivamente a Air France.

Casi un año después, en marzo de 2021, el Gobierno francés notificó una recapitalización de Air France y del holding Air France - KLM, por un importe de 4.000 millones, mediante una ampliación de capital de hasta 1.000 millones y la conversión de la financiación pública en capital híbrido. Este último ya ha sido devuelto por el grupo.

Bruselas decidió no plantear objeciones en ambos casos, al considerar las ayudas "compatibles con el mercado interior", pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió estimar la impugnación presentada por Ryanair y Malta Air.

"El Tribunal General considera que la Comisión Europea cometió un error al definir quiénes eran los beneficiarios de la ayuda de Estado concedida al excluir de la misma al holding Air France-KLM y a KLM", señaló la entidad en un comunicado. El Tribunal concluyó que ambas compañías "podían beneficiarse, al menos indirectamente, de la ventaja conferida por la ayuda de Estado controvertida".

Air France - KLM es una de las interesadas en la reprivatización de TAP, que ha quedado congelada tras la dimisión del Gobierno.

"La Dirección General de Competencia de la Comisión Europea aún no ha actuado para forzar la recuperación de las ayudas ilegales, ni ha impuesto ninguna medida para remediar el daño a la competencia causado por los Gobiernos sueco, danés, alemán e italiano, que favorecen a sus aerolíneas locales en detrimento de otras aerolíneas de la UE", dijo Ryanair en un comunicado.

"Las sentencias de hoy ponen de relieve la necesidad de que la Comisión Europea actúe de inmediato para recuperar estos paquetes de ayudas estatales ilegales e imponer soluciones para compensar al menos parte del daño causado a la competencia", añade la aerolínea irlandesa.

TAP fue una de las afectadas, ya que el Tribunal anuló la inyección de 1.200 millones en mayo de 2021, lo que obligó a la Comisión Europea a readoptar la decisión, abriendo una investigación en profundidad sobre las ayudas estatales concedidas.