Lisboa dispone ahora de dos meses para informar al Ejecutivo comunitario de la debida complementación de los citados coordinadores con "los poderes y competencias necesarios para desempeñar sus funciones, incluida la imposición de sanciones en caso de incumplimiento", tal y como establece el Reglamento de Servicios Digitales (DSR).

Según un comunicado de la Comisión, "los coordinadores de servicios digitales plenamente cualificados en cada Estado miembro son esenciales para el ejercicio de los nuevos derechos creados en virtud del DSR, en particular, para garantizar que los usuarios puedan presentar denuncias en su lugar de residencia contra las plataformas, conceder el estatuto de abanderado de confianza y habilitar a los investigadores".