En el caso de los abogados, hubo 2.592 solicitudes y hay constancia de que al menos 750 procuradores se presentaron al concurso para "prestar servicios para la investigación de la concesión y renovación de permisos de residencia pendientes", que "están siendo tramitados por la Estructura de Misiones de la AIMA (Agencia de Integración, Migración y Asilo)".

Ahora se evaluará a los candidatos para confirmar si cumplen los criterios.

Estos servicios, prestados a distancia, serán prestados por abogados, abogados en prácticas o procuradores, que "formarán parte de becas y equipos que se formarán en función del tipo de casos" asignados, según se puede leer en el concurso.

Las gestiones administrativas serán retribuidas, cada una, con 7,50 euros y cada abogado tendrá a su cargo hasta 200 casos.

En la convocatoria en la que lanzaron el concurso, las dos asociaciones destacaron "el honor y el privilegio de poder contribuir a la resolución de un problema tan grave, que actualmente afecta a miles de personas".

En el reglamento, AIMA salvaguarda el riesgo de incompatibilidades planteado por algunos sindicatos, imponiendo estrictas normas a los candidatos.

A los prestadores de servicios "se les impide tener intereses o vinculaciones con los expedientes que se tramiten o con los respectivos aspirantes" directa o indirectamente, a través de despachos de abogados y compañeros con los que compartan despacho o con los que "puedan tener relaciones personales, familiares o profesionales".

Además, los prestadores de servicios "también tienen prohibido prestar a los solicitantes cualquier servicio por sí mismos, a través de la empresa a la que pertenezcan, a través de compañeros de despacho o de otras personas con las que puedan tener relaciones personales, familiares o profesionales, en los 12 meses siguientes a la prestación del servicio".

Los requisitos para la inscripción serán verificados por las respectivas Órdenes e incluyen "la asistencia a un curso de formación previo, que será puesto a disposición por la Estructura de Misión para la Recuperación de Asuntos Pendientes en AIMA".

El 5 de marzo se firmaron los acuerdos entre AIMA y las dos órdenes, pero el protocolo no se ha ultimado hasta ahora.

El plazo de solicitud finalizó el lunes.

A finales de 2023, las autoridades portuguesas calculaban que habría 400.000 inmigrantes con casos pendientes.

En junio, el Gobierno cambió la ley de extranjería, imponiendo nuevas restricciones, entre ellas el fin de las manifestaciones de interés, un recurso que permitía a un ciudadano extranjero, con visado de turista, iniciar el proceso de regularización en Portugal.

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