En un comunicado, los dos organismos han abierto una solicitud para "la prestación de servicios para la investigación de la concesión de permisos de residencia pendientes y la renovación de permisos de residencia", que "están siendo tramitados por la Estructura de Misión de AIMA (Agencia para la Integración, Migración y Asilo)".

Estos servicios, prestados a distancia, serán prestados por abogados, abogados en prácticas o procuradores, que "formarán parte de las becas y equipos que se formen en función del tipo de asuntos" asignados.

En el comunicado, ambas asociaciones destacan "el honor y el privilegio de poder contribuir a la resolución de un problema tan grave, que actualmente afecta a miles de personas en nuestro país, defendiendo los derechos, libertades y garantías" de ciudadanos y empresas.

En el reglamento, AIMA salvaguarda el riesgo de incompatibilidades planteado por algunos sindicatos, imponiendo estrictas normas a los candidatos.

A los prestadores de servicios "se les impide tener intereses o vinculaciones con los asuntos tramitados o con los respectivos aspirantes" directa o indirectamente, a través de despachos de abogados y compañeros con los que compartan despacho o con los que "puedan tener relaciones personales, familiares o profesionales".

Además, los prestadores de servicios "también tienen prohibido prestar a los solicitantes cualquier servicio por sí mismos, a través del bufete al que pertenezcan, a través de colegas del despacho o de otras personas con las que puedan tener relaciones personales, familiares o profesionales, en los 12 meses siguientes a la prestación del servicio".

Los requisitos para la inscripción serán verificados por las respectivas Órdenes e incluyen "la asistencia a un curso de formación previo, que será impartido por la Estructura de Misión para la Recuperación de Asuntos Pendientes de AIMA".

El 5 de marzo se firmaron los acuerdos entre AIMA y las dos órdenes, pero el protocolo se está ultimando ahora.

El plazo de solicitud comenzó el lunes a las 18.00 horas y finaliza el 30 de septiembre.

A finales de 2023, las autoridades portuguesas calculaban que había 400.000 inmigrantes con expedientes pendientes. En julio, el Gobierno modificó la ley de extranjería, imponiendo nuevas restricciones, entre ellas el fin de las manifestaciones de interés, un recurso que permitía a un ciudadano extranjero, con visado de turista, iniciar su proceso de regularización en Portugal.