Lo que está en cuestión es la transposición a la legislación nacional de la Directiva 2014/89/UE, sobre la que Bruselas abrió, en julio de 2023, un procedimiento de infracción que obligaba a Portugal a elaborar y comunicar sus planes de ordenación del espacio marítimo.

La normativa comunitaria en cuestión incluía un plazo hasta el 31 de marzo de 2021 para que los Estados miembros elaboraran los planes en cuestión y los comunicaran en un plazo de tres meses desde su publicación, que Portugal no cumplió en su totalidad, quedando algunas aguas marítimas por cubrir.

Lisboa dispone ahora de dos meses más para cumplir la Directiva, so pena de llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.