El ministro de la Presidencia, responsable de la política migratoria, prometió que el plan incluye normas más estrictas, una estrategia para atraer a profesionales cualificados y un trato diferenciado para los lusófonos.

António Leitão Amaro ha criticado la actual ley de extranjería, que permite la regularización en Portugal de quienes llegan con visado de turista, mediante manifestación de interés, y la falta de infraestructuras de acogida adecuadas.

"La política migratoria es uno de los grandes fracasos del Gobierno anterior" y "una de las herencias más pesadas que hemos recibido", afirmó el sábado, en una entrevista concedida al Diário de Notícias y al TSF, criticando las "elecciones equivocadas de leyes y normas de entrada y regularización en Portugal, pero también por el colapso de las instituciones, resultado de las elecciones y del proceso de extinción del SEF (Servicio de Extranjeros y Fronteras)".

El SEF y el Alto Comisariado para las Migraciones (ACM) fueron suprimidos en octubre de 2023, dando paso a la recién creada Agencia para la Integración, las Migraciones y el Asilo(AIMA).

Tras una reunión con diputados, Leitão Amaro ya prometió revisar el modelo institucional de gestión de la migración en Portugal.

"Portugal tenía una institución, la institución fue eliminada, sus recursos humanos fueron distribuidos entre varias instituciones", una decisión criticada por varios partidos y organizaciones, dijo el ministro a los periodistas, prometiendo que las nuevas medidas incluirán una "corrección también en el ámbito institucional", sin comprometerse al mantenimiento de la AIMA.

En 2023, Portugal tramitó cerca de 180.000 regularizaciones de inmigrantes, pero aún quedan 400.000 asuntos pendientes, "incluyendo manifestaciones de interés para el primer permiso de residencia, peticiones de reagrupación familiar, solicitudes de visado, renovación de visados o permisos de residencia, procesos de visado para ciudadanos de la CPLP [Comunidad de Países y Lengua Oficial Portuguesa]".

Entre estos candidatos, muchos ya han abandonado el territorio nacional por falta de respuesta del Estado.

AIMA recibe una media de cinco mil casos por semana y tiene una capacidad de respuesta inferior a la mitad de ese número.