El nuevo gobierno británico tomó posesión hace aproximadamente un mes, con una mayoría considerable, a pesar de haber recibido sólo el 34% de los votos, situación posible debido al sistema electoral del país. Sólo el 9% del electorado conocía bien las posiciones del ahora Primer Ministro. Un líder poco comprendido que se convirtió en la única alternativa a un gobierno que llevaba 14 años en el poder y que daba muestras de desgaste e ineficacia ante los graves problemas a los que se ha enfrentado el país.

Entre estos problemas destaca el de la inmigración, que ha generado grandes tensiones. Barcos cargados de inmigrantes ilegales cruzan semanalmente el Canal de la Mancha, lo que provoca tragedias humanas, elevados costes para los contribuyentes británicos y un mayor malestar social en medio de una crisis económica y cultural.

Durante la campaña electoral, la cuestión de la inmigración fue abordada por casi todos los partidos, pero se evitaron soluciones estructurales. Existe un temor generalizado a debatir estos temas abierta y francamente por miedo a ser etiquetados y volverse impopulares. Cuando dejamos de debatir los problemas graves, éstos crecen hasta convertirse en catastróficos.

Todos los asuntos deben discutirse abierta, seria y respetuosamente. Los políticos tienen el deber de escuchar las preocupaciones de la gente, ya que el servicio público es la base de su existencia. Cuando los ciudadanos empiezan a expresar su descontento, ya sea de forma correcta o disruptiva, y la respuesta del gobierno es suprimir la libertad de expresión con censura, encarcelamiento y amenazas, algo va profundamente mal. En lugar de buscar el orden a través del miedo, los líderes deberían buscar soluciones que satisfagan las necesidades de la población que los eligió.

En el Reino Unido, tierra de grandes defensores de la libertad, se criminaliza a personas de todas las edades por lo que escriben en las redes sociales, bajo la acusación de "incitación al odio". La acusación de "incitación al odio" se ha utilizado de forma tan arbitraria que cualquier crítica o protesta puede enmarcarse en esta categoría, convirtiéndose en lo que el gobierno quiera que sea.

Esta situación nos recuerda peligrosamente los caminos totalitarios de los que Orwell parecía advertirnos en su "1984".

Portugal no debe ignorar esta advertencia. La libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de una democracia sana, y su limitación es siempre un síntoma de autoritarismo.

Que la memoria histórica de los portugueses perdure cuando los ejemplos internacionales no parezcan suficientes para recordarnos que la libertad de expresión no está garantizada, y su limitación es siempre un síntoma negativo en una democracia: Durante el Estado Novo, en virtud del Decreto Ley nº 12 008 de 1926, se prohibía la venta o difusión de informaciones que contuvieran rumores o informaciones capaces de perturbar el espíritu público o perjudicar al Estado. Parece que Salazar sólo falló en el campo de la semántica; si al final hubiera resumido todo esto bajo el virtuoso nombre de "discurso del odio", habría pasado a la historia como una forma aceptable de censura. Hoy, bajo el paraguas de su Ley de Servicios Digitales (DSL), la Unión Europea ha dado importantes pasos para limitar la libertad de expresión, tan sutiles y poco conocidos por el público que sólo nos damos cuenta de su existencia cuando nos invitan a replantearnos lo que publicamos en las redes sociales de META, o cuando TIK TOK retira un vídeo de la emisión por supuesta información falsa.

La advertencia a Portugal viene de la constatación de que, como miembro de la UE, sujeto a la DSA, que ya representa una fuerte fuerza reguladora, los llamamientos a la regulación de los medios sociales se han hecho, sin embargo, frecuentes: Las palabras del ex Presidente de la Asamblea de la República, Santos Silva, de que "las redes sociales están debilitando las instituciones" deberían sonar a advertencia. Si la libertad de expresión tiene límites, entonces no es verdadera libertad. Ningún gobierno tiene derecho a interferir en el pensamiento individual, pero sí puede silenciarlo mediante la legislación, como está haciendo el gobierno británico.

Cuando el pueblo calla, pierde la capacidad de unirse y protestar, volviéndose sumiso a las acciones del gobierno, por muy draconianas que sean.

La regulación de las redes sociales es inaceptable en las sociedades democráticas. Estas plataformas son propiedades privadas con sus propias reglas, y cualquier víctima de ciberdelincuencia tiene medios legales a su disposición para buscar justicia. Lo que no puede aceptarse es la penalización por expresar opiniones.

Portugal no puede repetir los errores del Reino Unido. Es esencial conocer bien a nuestros políticos y lo que defienden, y que nuestros gobernantes y la sociedad defiendan con firmeza la libertad de expresión. Debemos rechazar cualquier intento de censura encubierta, por bienintencionada que parezca. Es hora de exigir transparencia, de promover debates abiertos, especialmente los más difíciles, y de garantizar que todas las voces sean escuchadas sin temor a represalias.

La historia nos ha demostrado que la censura, independientemente del nombre que le demos, nunca aporta estabilidad; sólo silencia los desacuerdos y aplaza problemas que acabarán resurgiendo de forma agravada.

Cláudia Nunes - Presidenta de LOLA Portugal

Compañera de Young Voices Europe

Author

Cláudia Nunes - Presidente of LOLA Portugal | Fellow Young Voices Europe."

Cláudia Nunes