En la orden publicada en el Diário da República, la Secretaría de Estado de Administración Interna aprueba la "instalación y explotación de un sistema de videovigilancia, compuesto por 19 cámaras" en Ponta Delgada en los "términos propuestos por la Policía de Seguridad Pública y de acuerdo con las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Protección de Datos".

"El sistema de videovigilancia deberá ser operado de forma que garantice la salvaguarda efectiva de la privacidad y la seguridad, cumpliendo plenamente las disposiciones legales aplicables", dice el documento.

En octubre de 2022, el alcalde de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral, reveló que el municipio pretendía instalar un sistema de videovigilancia debido a la inseguridad, que reconoció como un "grave problema" en el municipio.

La solicitud se formalizó el 3 de noviembre de 2023, tras un protocolo entre el ayuntamiento y la Policía de Seguridad Pública, que implicó la instalación de 12 cámaras de videovigilancia en el centro histórico de la ciudad azoriana.

En la orden, el Gobierno establece las condiciones para la implantación de la videovigilancia, como la "colocación de máscaras en todos los lugares donde deba preservarse la intimidad, a saber, ventanas, balcones y puertas de edificios residenciales, hoteleros o similares".

La "clave de cifrado" del sistema debe cambiarse cada seis meses y "deben crearse mecanismos de alerta en caso de intentos de acceso no autorizado o de manipulación de los equipos".

El sistema de videovigilancia se autoriza por un periodo de tres años, y "se podrá solicitar su renovación, previa prueba del mantenimiento de los motivos invocados para la autorización", hasta 60 días antes de que expire el plazo.

El 13 de agosto, el Ayuntamiento de Ponta Delgada reveló que la instalación del sistema de videovigilancia en el centro histórico estaba a la espera del dictamen de la Comisión Nacional de Protección de Datos, pidiendo una "respuesta rápida" para "completar el proceso".