Otro acusado fue condenado a cinco años de prisión
con suspensión de la pena.
El tribunal acusó a los dos, ambos residentes en Braga, de los
delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y fraude informático cualificado.
Otros 11 acusados fueron condenados por blanqueo de capitales
con penas de prisión suspendidas en su ejecución.
Según el tribunal, los dos principales acusados y una
tercera persona no identificada, se agruparon con otras personas supuestamente
residentes en Brasil, con el fin de obtener fraudulentamente datos bancarios de
usuarios de las plataformas de home banking de Banif y Montepío y retirar el dinero
que pudieran de las cuentas a las que accedían con dichos datos.
Para ello, en 2013 y 2014, los presuntos brasileños enviaron
correos electrónicos a un gran número de clientes de entidades bancarias, como si fueran
correos electrónicos de los propios bancos.
Estos correos electrónicos contenían enlaces que, una vez activados,
instalaban un software malicioso en el ordenador del cliente, que comenzaba a
registrar y transmitir los datos necesarios para acceder a la cuenta bancaria.
En esta fase, a través del mismo software, y simulando la
presentación gráfica del portal bancario, también se presentaba al usuario una
ventana solicitando la actualización de datos, petición que, de ser satisfecha por el
usuario engañado, conducía al suministro de otros datos necesarios para la transacción
de fondos.
Obtenidos de esta forma fraudulenta, los datos permitían
mover las cuentas como si fueran sus titulares, los presuntos brasileños
contactaron con los dos principales acusados, que se encargaron de "facilitar
personas que estuvieran dispuestas, a cambio de una compensación económica, a ser titulares de cuentas
- en esas dos entidades bancarias, a las que luego se retiraban las cantidades monetarias
de dinero".
En algunos casos, los acusados reclutaron a comerciantes, con un
terminal de cajero automático, que estaban dispuestos, a cambio de una contraprestación económica, a poner dicho
terminal para realizar pagos con tarjetas de débito desde las llamadas "cuentas mula
cuentas", devolviendo el importe pagado en efectivo.
Quince imputados fueron acusados de esta actuación, algunos como
titulares de "cuentas mula", otros por haber realizado su aportación como
comerciantes.