El 28 de noviembre, el grupo de trabajo sobre el tabaco, constituido en el Parlamento, aprobó la transposición a la legislación portuguesa de una directiva europea que Portugal debía adoptar urgentemente, so pena de encontrarse en situación de incumplimiento.

Ese mismo día, varias organizaciones habían hecho un llamamiento para que se hicieran "todos los esfuerzos posibles" para transponer, en el "plazo más breve posible", la directiva europea que equipara el tabaco calentado al tabaco convencional, regularizando la situación de Portugal.

Al día siguiente, la Sociedad Portuguesa de Neumología (SPP) expresó su "fuerte indignación" por el resultado de la negociación política del proyecto de ley del tabaco, afirmando que su "aniquilación" era, una vez más, una victoria de la industria tabaquera.

El 30 de noviembre, el Parlamento aprobó el texto definitivo que transpone a la legislación nacional la directiva de 2022 de la Comisión Europea que refuerza las normas destinadas a prevenir y controlar el tabaquismo.

El documento presentado por la Comisión de Sanidad sobre la propuesta de ley del tabaco nº 88/XV/1 recibió los votos favorables del PS, PSD, PCP y Livre.

Chega votó en contra, mientras que Iniciativa Liberal y el Bloque de Izquierda se abstuvieron.

La nueva ley del tabaco sólo incluía la equiparación de los cigarrillos electrónicos con el tabaco tradicional, con propuestas que prohibían la venta y el consumo de tabaco cerca de los colegios, en las gasolineras o en las terrazas con cierta cobertura.