Tal y como anunció a finales de junio, el Gobierno determinó que "todos los servicios y entidades de las Administraciones Públicas que presten atención presencial al público", con independencia de que formen parte o no de una Tienda del Ciudadano, garantizarán un horario de apertura "sin necesidad de cita previa, con una periodicidad diaria". La entrega de un documento mediante la emisión de un medio simplificado tampoco requerirá ya cita previa.
Al mismo tiempo, los servicios públicos tendrán que empezar a publicar información en portugués e inglés sobre este servicio de forma "adecuada, completa y actualizada", ya sea en sus páginas web o en lugares físicos, además de tener que indicar "en tiempo real" el tiempo de espera. El Servicio de Traducción Telefónica debe publicitarse a través de la Línea de Atención al Migrante de la Agencia de Integración, Migración y Asilo (AIMA).
Para los ciudadanos con discapacidad o incapacidad, personas mayores, mujeres embarazadas y personas acompañadas de bebés, se pondrán a disposición bonos de atención prioritaria, y los servicios bajo la supervisión del Estado deberán resolver cualquier "limitación física de accesibilidad".
En la Resolución, el Gobierno también pide a cada entidad que elabore un estudio, que deberá entregarse "en el plazo de 180 días", que incluya "el relevamiento de la cantidad y adecuación formativa de los recursos humanos de los servicios a las funciones de atención al público, así como las mejoras necesarias en las instalaciones físicas donde [esto] se disponga"; la "identificación de los servicios de prestación exclusivamente presencial, justificando tal necesidad o la susceptibilidad de su desmaterialización"; y la "evaluación de los impactos del régimen de teletrabajo en los trabajadores de los servicios" para el cumplimiento de la atención presencial.
El Ejecutivo de Luís Montenegro también deja una recomendación dirigida a los órganos de las regiones autónomas de Madeira y Azores y a los entes locales, así como a las entidades de la Administración regional y local, para que adopten estas normas de forma que "se apliquen de manera uniforme" en el país.
Estas medidas forman parte de la reforma de la Administración Pública llevada a cabo por el Gobierno de Luís Montenegro, uno de cuyos pilares es la atención al cliente. Otros cambios son, por ejemplo, la concentración de los ministerios en la antigua sede de la Caixa Geral de Depósitos(CGD), el refuerzo de la capacidad de planificación de las políticas públicas y el fomento del trabajo en red. El plan permitirá ahorrar 23 millones de euros al año.