"La inmigración se ha duplicado en el país desde 2018" y esta afluencia de extranjeros "se concentra principalmente en Lisboa", ha admitido el concejal socialdemócrata, destacando que el acceso a la vivienda en la capital se ve dificultado por la "mayor presión de transacciones que se producen", principalmente por "extranjeros con mucho más poder económico que los que están aquí".

"Esto está expulsando a las familias del mercado" y "necesitamos políticas de vivienda fuertes para hacerle frente, ya sea en materia de ayudas al alquiler" o en la dotación de viviendas municipales, una prioridad del Ejecutivo, que pretende poner en el mercado nueve mil viviendas en la próxima década, afirmó.

Filipa Roseta intervino durante el segundo debate de la Asamblea Municipal sobre el tema "Inmigración en Lisboa: ¿qué futuro?".

Afirmando que "entre 2022 y 2023, la población inmigrante aumentó un 37%, lo que corresponde al 30% de la población total residente en la ciudad", la alcaldesa reafirmó el deseo de mantener la capital como una "ciudad global, multicultural y diversa".

"Quien diga lo contrario está destruyendo nuestro ADN" y "es un ignorante", afirmó Filipa Roseta, prometiendo: "seguiremos siendo lo que somos, no seremos diferentes".

Financiación

En cuanto a la financiación de las asociaciones de apoyo a los inmigrantes, Filipa Roseta destacó las nuevas políticas de apoyo a largo plazo, con plazos de hasta seis años.

Según la concejala, a partir de ahora, estas asociaciones tendrán una "estabilidad previsible en la financiación", una solución que ayudará a cumplir la estrategia municipal de "erradicar la pobreza, promover una educación de calidad y tener territorios y comunidades más sostenibles".

En los barrios municipales, que cuentan con 66 mil habitantes, sólo 3.700 son inmigrantes (la mayoría de Cabo Verde), pero se ha puesto en marcha una estrategia para reforzar el apoyo y el "departamento de proyectos de intervención comunitaria ha triplicado el número de acciones y proyectos comunitarios", en línea con la "política de reconocimiento de la diversidad cultural de los barrios".

António Vitorino, ex director de la Organización Internacional para las Migraciones y actual director del Consejo Nacional de Migración y Asilo, también participó en la Asamblea Municipal. Sostuvo que "los retos de la integración son micro, afectan al lugar de residencia" y a la enseñanza de la lengua de acogida.

Recordando que los datos más recientes indican 1,044 millones de inmigrantes en el mundo, António Vitorino dijo que Portugal está "en línea con el resto de Europa, con un 10 a 12%" de extranjeros en la población total.

"Rentable"

Sin embargo, subrayó que la presión migratoria es especialmente sensible en algunos lugares, como Lisboa, y defendió que "los recursos públicos y los esfuerzos de las autoridades deben ser sensibles a esta diferente distribución de los inmigrantes".

"Los inmigrantes vinieron a trabajar", dijo, destacando que, para el país, y "desde una perspectiva mercantilista", los extranjeros "son un negocio rentable", porque aportan cinco veces más de lo que quitan al Estado del bienestar y realizan trabajos que los nacionales no quieren.

"Si hay algún candidato portugués para recoger frutos rojos en Odemira, que se apunte a la cola", bromeó el ex ministro socialista, que recordó que hay sectores, como la agricultura, la construcción o la hostelería, en los que los extranjeros representan más de una cuarta parte de la mano de obra.

António Vitorino también consideró que "muchos de los problemas de estigmatización resultan de desigualdades sociales en las que los inmigrantes son presentados como problemas" y estas desigualdades "generan sentimientos de angustia" y miedo por parte de los ciudadanos portugueses, que tienen "miedo de lo que no conocen".

La lucha contra la discriminación es "una lucha cultural, pero también es una lucha por la cohesión de la sociedad portuguesa", afirmó, admitiendo que hay "áreas especialmente sensibles" como la sanidad o la vivienda.