El 23 de octubre se publicó en el Diário da República un decreto-ley que establece que los municipios podrán ahora adoptar sus propios reglamentos administrativos que definan "los procedimientos y medios de actuación" para la actividad de alojamiento local en la respectiva zona.

Considerando que el nuevo marco legal "permite a las familias y a varias ciudades de Portugal seguir beneficiándose del turismo, ofreciendo a los huéspedes una opción de alojamiento asequible para viajar", Airbnb emitió un comunicado en el que dice estar "disponible para trabajar con las autoridades locales en la creación de normas proporcionales y graduales que tengan en cuenta las necesidades de cada municipio - o incluso de cada barrio".

En el caso concreto de Lisboa y Oporto, Airbnb ofrece su "colaboración para desarrollar nuevas normas que protejan a los anfitriones ocasionales y preserven las comunidades locales, evitando soluciones genéricas y atendiendo a las necesidades de cada parroquia o barrio".

Según datos facilitados por la compañía, en Lisboa "sólo seis de las 24 parroquias tienen una densidad de listados activos en Airbnb superior al 3%".

En Oporto, "siete de las nueve parroquias registran un ratio de alojamientos locales en relación al total de viviendas inferior al 3%", añade.

Airbnb también recuerda el "significativo" impacto económico del alojamiento local, mencionando que, en 2023, los huéspedes de la plataforma en Portugal gastaron una media de 116 euros al día, generando 2.400 millones de euros en ingresos y 1.100 millones de euros en impuestos.

Airbnb afirma haber apoyado "aproximadamente 55.000 puestos de trabajo en Portugal, en sectores como la restauración, el comercio local, el entretenimiento y los eventos" y dice haber recaudado 63,3 millones de euros en impuestos turísticos en Lisboa y Oporto.

El Gobierno ya había anunciado su intención de descentralizar las competencias en materia de registro de alojamientos locales, devolviendo a las autoridades locales la decisión de poner fin a los alojamientos locales en edificios residenciales o, alternativamente, no decretar la cancelación inmediata del registro de alojamientos locales e "invitar a las partes a llegar a un acuerdo".

La nueva legislación establece que, en los municipios con más de mil establecimientos de alojamiento local, "la asamblea municipal deberá decidir expresamente, en el plazo máximo de 12 meses desde que el municipio alcance los 1.000 registros, si ejerce la potestad reglamentaria" que tiene atribuida.

En el comunicado, Airbnb argumenta que "un sistema nacional de registro, junto con el intercambio de datos con las autoridades, son instrumentos esenciales para proporcionar a las autoridades locales la transparencia necesaria para comprender mejor el impacto de la actividad de alojamiento local."