En el informe "Seguimiento de la Actividad y Proceso de Extinción del Servicio de Extranjería y Fronteras", el Defensor del Pueblo afirma que, "sin perjuicio de la eventual adopción de medidas correctoras a corto plazo, la capacidad de respuesta a los inmigrantes no puede dejar de orientarse por una estrategia a medio y largo plazo".

"Esto significa que la eventual adopción, durante el período transitorio, de medidas separadas para reducir el número de asuntos pendientes, aunque pueda servir para restablecer temporalmente el equilibrio, no resuelve el problema de fondo. Pasado su efecto inmediato, se mantendrá la tendencia al agravamiento de las responsabilidades derivadas del desequilibrio entre el fuerte incremento del número de solicitudes de ciudadanos extranjeros y la capacidad de respuesta de la Administración", explica el documento.

La Oficina del Defensor del Pueblo defiende "la necesidad de definir metas y objetivos de forma temporalizada, en general, en cuanto a la tramitación de la documentación y, en particular, en lo que se refiere a la recuperación de los asuntos pendientes".

La defensora del pueblo, Maria Lúcia Amaral, considera "fundamental que, durante el actual periodo de transición, se articule adecuadamente la dirección nacional del SEF y del consejo de administración de AIMA [Agencia de Integración, Migración y Asilo]".