Creada por el Gobierno del PS, tras la prolongada disolución del Servicio de Extranjería, a raíz de la muerte de un ciudadano ucraniano a manos de los agentes, AIMA perdió muchos miembros en favor de la Policía Judicial y el Instituto de Registros y Notariado(IRN), heredó 350.000 procesos de regularización -que pasaron a 400.000 a finales de 2023-, abrió concursos de contratación y se empantanó con las peticiones, cinco mil al mes.

El objetivo anunciado para la creación de AIMA era separar las cuestiones policiales de las administrativas relacionadas con los inmigrantes, buscando responder de una forma más humana a las peticiones realizadas.

La gestión de las fronteras siguió en manos de la PSP y, a finales de año, la organización vivió su primera crisis, con muchos solicitantes de asilo durmiendo en el aeropuerto ante la falta de respuesta de los servicios de AIMA.

Tras las elecciones generales, el nuevo gobierno PSD/CDS anunció su intención de cambiar la ley, retirando en junio a AIMA la gestión de los procesos de retorno (devolviéndolos al PSP) y poniendo fin a las manifestaciones de interés, un recurso legal que permitía a un extranjero con visado de turista solicitar la regularización siempre que tuviera 12 meses cotizados.

En agosto, el Gobierno nombró a Pedro Portugal Gaspar presidente de AIMA, en sustitución del dirigente designado por el PS, Luís Goes Pinheiro, que debía dirigir una estructura de misiones encargada de regularizar los procesos pendientes en el plazo de un año.

Este era el mecanismo más utilizado por los inmigrantes para solicitar la regularización, lo que creaba una sobrecarga en el sistema.

Acciones judiciales

La falta de respuesta de los servicios llevó a miles de inmigrantes a obligar a AIMA a responder a través de los tribunales, con tal volumen de procesos de requerimiento administrativo en los juzgados que el Ministerio de Justicia creó un equipo específico.

Al mismo tiempo, el Gobierno amplió el visado de movilidad de la CPLP (Comunidad de Países de Lengua Portuguesa), dando prioridad a los ciudadanos lusófonos, y prometió reforzar los consulados para los visados de trabajo, algo que aún no se ha hecho.

El abrupto fin de las manifestaciones de interés generó polémica y el Parlamento aprobó un periodo transitorio para quienes ya hubieran recibido la cantidad exigida de retenciones pero no hubieran iniciado el proceso formal.

Sin embargo, aún no se han resuelto los casos de las personas que ya tenían deducciones, aunque insuficientes, o las que llegaron con un visado de turista y realmente están trabajando, un limbo sobre el que alertan las asociaciones de inmigrantes.

Flora Silva, de Olho Vivo, lamenta el "abandono inhumano" al que se han visto sometidos miles de inmigrantes, pero confía en que el Parlamento haga recular al Gobierno y reinstaure una "solución similar a la manifestación de interés que permita regularizar la situación de quienes trabajan aquí".

El fin del SEF se precipitó por la muerte de Ihor Homeniuk, y el abogado de la familia, José Gaspar Schwalbach, especialista en inmigración, también hace un balance negativo de la actividad de AIMA, por los problemas en el traspaso de competencias administrativas, que "confundieron a los inmigrantes y dificultaron los procesos de renovación por los cambios de ubicación del servicio, las dificultades de comunicación entre sistemas", entre otras cuestiones.

Además, "continuó el incremento de cuestiones procedimentales que ya se venían produciendo antes de octubre de 2021, cuando se decidió el cierre del SEF, y los escasos recursos humanos transferidos a AIMA no pudieron dar respuesta a todas las solicitudes", acusó.

La "Administración, obligada por el principio de buena fe, debería ser la primera en reconocer que los plazos de la autorización tácita habían expirado y dictar la oportuna resolución de concesión y producción de la autorización de residencia. Pero no lo hace", lamenta el abogado.

Por otro lado, en los aeropuertos, "la decisión política de asignar la gestión de los Centros de Instalación Temporal a la PSP" ha "equiparado estos Centros de Instalación Temporal a centros penitenciarios" y los "procesos de denegación de entrada" presentan "graves deficiencias, con falta de justificación e incluso de notificación de las decisiones, con ciudadanos extranjeros embarcando en vuelos de regreso incluso con procedimientos judiciales pendientes".

En el ámbito judicial, "sólo la investigación penal, transferida en su momento a la Policía Judicial, ha resultado positiva, permitiendo la optimización de recursos y el desbloqueo de procesos que estaban completamente suspendidos hasta 2023, en perjuicio de los ciudadanos", ha añadido.

Inversión

Por su parte , Thaís França, investigadora del ISCTE y especialista en migraciones, recordó que el "fin del SEF era más que necesario", porque "la inmigración no es un problema policial", pero la creación de AIMA no vino acompañada de inversión.

"Se creó una agencia sin dotarla de capacidad tecnológica ni recursos, ya había procesos retrasados, y las leyes se cambiaban varias veces, lo que demuestra la falta de continuidad de las políticas migratorias", resumió la investigadora, considerando que este proceso "tenía todo para salir mal. Y lo hizo".

Como resultado, crece la "idea de securitización asociada a una visión de los inmigrantes, vistos como criminales", pero también la narrativa de que "necesitamos vigilar nuestras fronteras", en línea con varios países europeos.

"El actual Gobierno estaba en contra del fin del SEF y ahora, diplomáticamente, refuerza la policía para mirar la migración desde la perspectiva de la seguridad y no de la integración o la acogida", acusa, quien rechaza que el número de inmigrantes en Portugal sea desproporcionado.

Los datos para 2023 muestran un crecimiento en línea con otros países europeos, lo que demuestra que la idea de que "la inmigración está completamente desregulada es una falacia".

"Hoy, el espíritu de AIMA está completamente desvirtuado, en cuanto a sus orígenes", acusó Thaís França.