El Gobierno pretende relanzar la privatización de TAP este año, pero aún no se ha definido el modelo de venta de la participación del Estado en la aerolínea, según reveló el Jornal Económico.

La venta de la compañía dirigida por Luís Rodrigues es una de las promesas incluidas en el programa del Gobierno, junto con el inicio del proyecto del nuevo aeropuerto.

La dificultad para definir el modelo de privatización no es ajena a las razones invocadas por Marcelo Rebelo de Sousa en el veto que el Presidente puso a la operación, suspendida tras la destitución del anterior primer ministro, António Costa, y la convocatoria de elecciones anticipadas para el 10 de marzo, que dieron la victoria a la Alianza Democrática.

Ahora queda por ver qué modelo de privatización elegirá el Ejecutivo y la posición que el accionista estatal pretende mantener en la aerolínea, después de que, a finales de octubre del año pasado, Marcelo devolviera el diploma de la privatización de TAP al anterior Gobierno.

Preguntada sobre el relanzamiento de la privatización, una fuente oficial del Ministerio de Infraestructuras no hizo comentarios.

Cabe recordar que el Jefe de Estado pidió aclaraciones sobre tres aspectos que consideraba esenciales: la capacidad del Estado para controlar e intervenir en una empresa estratégica como TAP; la cuestión de la venta o adquisición de activos incluso antes de la privatización y la transparencia de toda la operación, incluso en una fase anterior a la elaboración del pliego de condiciones para garantizar que los contactos con los posibles compradores queden registrados y que este proceso de selección no sea vinculante para la negociación.

El anterior proceso de reprivatización se inició el pasado mes de septiembre, cuando el Gobierno socialista aprobó las condiciones de la venta. El decreto ley, vetado por el Presidente, preveía la venta de al menos el 51% del capital de TAP, mediante un proceso competitivo de venta directa.

La aerolínea espera nuevos propietarios privados después de que en 2020 el Gobierno avanzara hacia la nacionalización de TAP, lo que puso en riesgo la suya propia debido al impacto de la pandemia en el transporte aéreo.

La entrada del Estado dictó la salida de Atlantic Gateway, propiedad de David Neeleman y Humberto Pedrosa, que había ganado la reprivatización de 2015, llevada a cabo por el Gobierno PSD/CDS.

TAP anunció a finales de marzo que había obtenido un beneficio récord de 177,3 millones de euros en 2023, año en el que también logró unos ingresos sin precedentes en la historia de la compañía, superando los 4.200 millones de euros.