Este estudio, titulado "Después de todo, ¿cuánta gente se abstiene en Portugal?", fue publicado por la Fundación Francisco Manuel dos Santos y es autoría de los investigadores João Cancela, José Santana Pereira y João Bernardo Narciso.

Según la investigación, el censo electoral en Portugal, en 2021, tenía "cerca de un millón más de votantes en comparación con las estimaciones de la población residente con ciudadanía portuguesa, mayor de 18 años".

"Si tomáramos como denominador de la participación electoral, no el número de electores registrados, sino la estimación de portugueses adultos residentes en Portugal, la participación en el territorio nacional en las elecciones legislativas de 2022 estaría en torno al 65%, un valor de 7 puntos por encima del 58% oficialmente registrado", afirma.

En porcentajes, el estudio indica que la desviación entre el censo electoral nacional y el número de residentes se sitúa en torno al 11,4%, lo que representa un aumento de casi el 5% en comparación con principios de siglo y sitúa a Portugal "muy por encima de la media europea".

"Portugal es el quinto país de los 27 de la Unión Europea en el que la asimetría entre el número de inscritos y el de residentes es mayor, por detrás de Rumanía, Letonia, Grecia y Bulgaria", reza el estudio.

Según los investigadores, la principal causa de este "sobrerregistro" es el hecho de que "electores que residen regularmente en el extranjero permanecen inscritos para votar en Portugal y que, por lo tanto, podrían estar registrados en los círculos de emigración".

Los autores estiman que, "por cada tres portugueses adultos que emigraron entre 2019 y 2021, al menos uno de ellos no se habrá registrado en el extranjero".

"El mantenimiento de estos ciudadanos emigrantes en los censos electorales nacionales, que en pocos casos podrán viajar a Portugal para votar, acaba aumentando la tasa de abstención", destaca.

Otro factor identificado por el estudio para explicar esta desviación está relacionado con cierta "infrarrepresentación en las estimaciones de la población residente en los Censos", a pesar de constatar que, aunque los Censos cubriesen el 100% de la población, "el sobrerregistro electoral seguiría siendo, de 790 mil electores (8,5%)".

Para combatir este fenómeno, los autores proponen que "se creen condiciones que incentiven el registro de ciudadanos que viven fuera del país en circunscripciones electorales en el extranjero", así como "flexibilizar el ejercicio del derecho de voto de estos ciudadanos".

Sobre este último punto, los autores defienden en particular "la extensión del voto por movilidad anticipada a la red de embajadas y consulados en el extranjero, lo que permitiría a cualquier ciudadano que lo deseara poder votar por su circunscripción electoral en el territorio nacional aunque se encontrara fuera del país".

Sin embargo, los autores consideran que "un censo electoral que adolece de exceso de inscripción es claramente preferible a un censo con reglas demasiado estrictas".

En este sentido, se muestran "escépticos ante posibles reformas en el proceso de gestión y actualización del censo electoral que, al adelgazarlo y acercar sus cifras a las estimaciones de población residente, podrían restringir el acceso de los ciudadanos al ejercicio de su derecho al voto."